La jornada
jue, 19 mar 2015 15:
Durante el Foro Agua: ¿derecho o privilegio? que se realizó en la Universidad Iberoamericana (Uia) Gloria Soto Montes de Oca, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales señaló que dicha iniciativa sí favorece el fracking("fracturación hidráulica"), por el mero hecho de que la legislación no la limita, y de que es muy grave que las concesiones para la explotación comercial del agua pudieran ser hasta de 35 años, con posibilidad de renovación.
Al respecto, exigió que se forme un comité con representantes de diversos sectores de la sociedad, para discutir los pros y contras de la ley, pues los ciudadanos “tienen el derecho a conocer la información que fundamentó las decisiones” en el asunto.
Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.
Otro problema de la Ley de Aguas, señaló Velasco, es que reconoce el derecho humano del agua para los asentamientos humanos, y no el de cada individuo, lo que abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, quienes además no fueron consultados sobre la propuesta de ley, obligación estipulada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de solicitar que se abran foros de discusión entre especialistas en la Cámara de Diputados, Anaid Velasco calificó como preocupante que ni siquiera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) haya tenido cabida en la discusión de la propuesta.
Asimismo, Soto Montes de Oca, también especialista en temas de medio ambiente y economía de los recursos naturales, acusó que esta ley no tiene el objetivo de resguardar y preservar el recurso.
Esta iniciativa, dijo, busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.
Indicó que el proceso de trasvase debería ser solamente competencia del gobierno federal y no de los concesionarios, que deben ser excluidos de éste, además de que el trasvase debe ser plenamente justificado y las comunidades afectadas deben ser informadas de sus beneficios reales.
Al igual que Anaid Velasco, Gloria Soto señaló como preocupante que en el comité técnico que realizó esta iniciativa no se hayan incluido a representantes de la sociedad civil, ni a universidades u organizaciones especializadas en el tema. Añadió que a la propuesta le hizo falta incluir las sanciones a los actores, estados, municipios y concesionarios que incumplan con la protección del recurso.
Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión se fijó para legislar en la materia, y que no contenga medida alguna que permita avanzar en el terreno del derecho humano al agua, pues solamente repite lo contenido en otros documentos, dijo.
Javier Riojas, experto en medio ambiente del Departamento de Estudios Internacionales de la UIA, también coincidió en lamentar que la participación académica y de organizaciones sociales y grupos de interés regional fue prácticamente nula en este proceso, que a todas luces buscó ser aprobado por la "vía rápida".
Coincidió con sus compañeras del foro al subrayar que las leyes en materia de gestión del agua son urgentes, pero “ésta no es la forma”, dijo el especialista.
“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió el especialista, quien dijo que también es importante gestionar el uso del agua pluvial, en vez de permanecer con una visión limitada de la gestión del agua con perspectiva “ingenieril”.
