Miscelánea

 

Miscelánea.

Francisco Javier Contreras Díaz.

Un reconocimiento a la bella e indócil terquedad de Don Roberto de la Rosa.

 Ejemplo para los mismos trepadores de siempre.

Salaverna, a doce años de resistencia.

Como predijo el mayor e inmejorable estilista que haya nacido en Macondistán (“el rey del bucle”), don Agripino Roosevelt al hacer pública su revelación después de experimentar un trance lisérgico y afirmar que “en el futuro instantáneo, los call center se convertirán en los grandes edificadores de trayectorias gaseosas. Detallarán hazañas envueltas en encuestas de opinión y fortalecerán efigies inspiradas en las sublimes crónicas del Reader’s Digest. Las figuras saldrán del sopor gracias a preguntas sobre el conocimiento y construcción desde la inducción tramposa de una voz en off que, con pretendida ingenuidad, nos cuestionarán sobre los inconmensurables logros de la “generación tapón”, los eternos candidatos a cualquier puesto. El call center es el eficaz publirrelacionista de cualquier candidato, más que de sí mismo.”

En idéntico sentido versó la declaración de un empresario del sector del nopal y la tuna o también conocidos como productos típicos nostálgicos coyunturales (“a todo alimento, el mercado lo ha convertido en producto nostálgico”). La opinión fue arrancada en céntrica avenida al emprendedor afiliado a la Confederación de Agraristas Promotores de la Tuna y el Nopal, Similares y Conexos del Caribe, Oceanía y América Central A.C. (versión Macondistán) según se lee en su gafete lujosamente enmarcado colgado de la solapa de su frac. José Hipólito Armstrong, que es un estuche de virtudes, pues mientras oferta sus tinas repletas de tunas y nopalitos, también deleita a la concurrencia con excelsas interpretaciones de jazz clásico con una trompeta que esconde bajo sus productos, sostiene que “debemos recuperar la dialéctica y enseñarla a los mismos de siempre, a quienes han secuestrado el mercado de las franquicias electorales y terminaron monopolizado las candidaturas, el término o la implicación político-filosófica de generación. Convencerlos de que las monarquías partidistas ya se extinguieron, que mágicamente expectoraban un discurso de izquierda y al final terminaron afiliados al neoliberalismo, tan así que el saqueo, el abandono y la corrupción campean plácidamente. ¿Le pongo unas tunitas en una bolsa, patroncito? …¿Las encuestas por call center? Bueno, estos espacios representan el último reducto de la Generación Tapón, significa el temor de se les reclame en un cara a cara por permitir la canibalización económico-social-ambiental de este país y de esta patria chica de Macondistán. ¿Un pan ranchero patrón? Llévelo…tenga, se lo regalo”.

Para un sobreviviente del difícil arte de lustrar calzado, Melquiades Marshall “Don Tintas Fuertes”, las campañas de promoción política mediante los llamados call center significa “el horror y la barbarie de esa moda de suplantar la plaza pública por los sórdidos restaurantes para que nuestra inmaculada clase política arroje luz y soluciones a todos los menesterosos que estamos en el filo. Los call center significan arrojar a las multitudes que les aclaman e idolatran a alucinar en destartalados centros de análisis político y a cuchitriles donde, hacinados, continúen estudiando el materialismo histórico y las obras escogidas de Yolanda Vargas Dulché. Esta modalidad para escuchar sus nombres y sus logros infinitos resulta impersonal, fría y nos regresa a la época de los virreyes. Deseamos recuperar la indómita salvajez de sus razonamientos y sus análisis de coyuntura apoyados lo mismo en Marx (Groucho), que en Melitón Friedman o viendo películas del cine mudo. Deseamos recuperar los nostálgicos grupos de estudio, resucitar aquellos evangélicos círculos de análisis donde se abordaban profundos  temas como “Harapos e ideología”, “Publicidad política y agonía” o “La feminización económica y fantasía”. ¡¡No a los call center!! Defensores de la Generación Tapón, ¡Uníos! ¿Grasa Joven?”.

La última y nos vamos. Un reconocimiento a los trabajadores del sector salud quienes diariamente se enfrentan al llano en llamas.

 

Disgustos patronales

Saúl Escobar Toledo

El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular algunas modalidades de un fenómeno complejo, la subcontratación laboral. De inmediato, los organismos empresariales cúpula y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos protestaron acremente. La COPARMEX, en un documento público, señaló que el proyecto “representa una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”. De manera dolosa, aseguró que 4.6 millones de personas ocupadas bajo esta modalidad están en peligro inminente de ser despedidas. El documento patronal buscaba también confundir deliberadamente a la opinión pública proponiendo que la subcontratación se debe “regular, no prohibir”.

Una opinión casi idéntica se puede encontrar, por ejemplo, en el editorial de Enrique Quintana, director de El Financiero quien aventuró que, definitivamente, no se contratará directamente a los trabajadores que hoy están en esquemas de “outsourcing” (término que no están en la iniciativa ni en las leyes). Opiniones más ríspidas se han publicado estos días sin faltar alguno que las calificó de “recetas bolivarianas” es decir, supongo, propias de la Venezuela de Chávez, no del libertador Simón Bolívar.

Resulta curioso que todos admitan que se ha abusado de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, a la hacienda pública y a la seguridad social. Sin embargo, Quintana llegó al extremo de afirmar que estos ilícitos tuvieron un efecto benéfico pues “permitieron una mayor flexibilidad laboral”. O sea que las leyes pueden violarse impunemente cuando arrojan un beneficio para las empresas.

 La idea de que las normas laborales siempre son, en general,  perjudiciales para la inversión privada es parte sustantiva de la ideología patronal y del liberalismo. Su paradigma es que, a mayor libertad de los mercados, incluyendo la compra de fuerza de trabajo, mayores los beneficios para las empresas y la creación de empleos. La realidad, no obstante, ha sido distinta. En las últimas décadas, cuando tal paradigma ha sido hegemónico, hemos observado una dinámica viciosa: la desregulación ha llevado a la creación de empleos cada vez más precarios y vulnerables, y a aumentar las ganancias en detrimento de los salarios. Los ingresos se han concentrado de manera más desigual, a niveles inusitados, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores han decaído en casi todo el mundo incluyendo los países más desarrollados. Esta desigualdad creciente ha sido la causa -reconocida por académicos de renombre incluyendo varios premios Nobel de economía y la CEPAL- de un crecimiento económico inestable e insuficiente; un descontento social muy amplio; y una polarización política que incluso ha capitalizado la extrema derecha como en el caso de Trump en Estados Unidos.

 

Revisando con cuidado la propuesta del gobierno, que reforma distintas leyes, principalmente la del trabajo, se pude observar que busca impedir varias prácticas, aparentemente legales, que en realidad burlan derechos fundamentales. Primero, los intermediarios que contratan (y pagan a) trabajadores por una labor que se lleva a cabo en beneficio de una determinada empresa. Esto es especialmente visible en la industria de la construcción (que incluso lo destacan en letreros puesto en las obras) y en el reclutamiento de jornaleros agrícolas. Segundo, más importante, empresas que son filiales de un consorcio y que administran la nómina de los trabajadores, pero no realizan ninguna actividad productiva. Los consorcios bancarios, call centers, hoteles y restaurantes (que no son pequeños o micronegocios) han sido muy afectos a esta simulación. Tercero, empresas fantasmas que sólo existen en el papel porque fueron registradas ante notario público con un domicilio inexistente y que son fachadas para transferir recursos de un lado a otro y frecuentemente a paraísos fiscales.  Algunas de éstas manejan nóminas y pagos a la seguridad social en libros de contabilidad con información falsa. En todos estos casos, las empresas contratantes no se hacen responsables de las obligaciones patronales o las disminuyen para bajar los costos de las compañías beneficiarias.

En cambio, la iniciativa de ley permite la contratación de trabajadores por una empresa para que realice o ejecute servicios u obras especializadas en un establecimiento distinto. Por ejemplo, las tareas de limpieza y vigilancia; contabilidad y finanzas; mantenimiento, instalación o creación de equipo y programas digitales (software y hardware); etc. Ahora, sin embargo, para evitar las simulaciones antes descritas estas empresas tienen que registrarse ante la Secretaría del Trabajo para comprobar que realmente hacen lo que declaran. Y se incluye la “responsabilidad solidaria” que significa que, si la razón social contratante no cumple con sus obligaciones laborales, la beneficiaria tendrá que cubrir esas omisiones. Esto resulta muy importante sobre todo en materia de seguridad social pues es frecuente que los subcontratistas dejen de pagar esas cuotas y el trabajador y su familia quede sin servicio médico.

Como pude observarse, la reglamentación propuesta no tiene que afectar la creación de empleos ni aumentar la informalidad. Lo cierto y comprobable es que muchos de los puestos subcontratados actualmente son informales como hemos tratado de explicar. Así que las afirmaciones en este sentido pecan de cinismo y de falta de responsabilidad social.

El problema del empleo desde luego es un asunto que se ha vuelto más acuciante debido a la pandemia y las restricciones impuestas a los establecimientos comerciales y productivos. Para mejorar la situación actual y una recuperación más rápida, hay que crear y poner en práctica un conjunto de programas como el seguro de desempleo, una renta vital focalizada a los trabajadores afectados (sobre todo informales) y un presupuesto contra cíclico. Pero requiere, asimismo, que no se afecte a los empleados con salarios y prestaciones reducidas, propósitos que   han cumplido sobradamente las empresas que recurren a las prácticas de subcontratación.   Un mayor poder de compra de la población trabajadora ayudaría sin duda a una recuperación más rápida.

 

El paquete de reformas enviado al Congreso se puede perfeccionar para que cumplan mejor sus objetivos y se eviten malentendidos. Igualmente, requerirá de la voluntad política del gobierno, el cual deberá fortalecer la inspección del trabajo y poner de su parte, predicando con el ejemplo, para que las limitaciones que contiene el proyecto de ley se apliquen en los gobiernos municipales, estatales y el federal. La administración pública se ha vuelto también el reino de la subcontratación simulada y los contratos precarios.

 

Habría que agregar, finalmente, que los problemas derivados de esas prácticas nefastas:  los abusos de los patrones, la falta de mecanismos de defensa de los trabajadores y la tolerancia de la autoridad, no se van a resolver definitivamente con esta iniciativa. Queda pendiente, entre otros, el asunto de las plataformas digitales que contratan (o subcontratan) trabajadores y que ofrecen servicios de transporte, de paquetería o de provisión de alimentos a domicilio solicitados por el internet. Estas empresas no admiten ninguna responsabilidad laboral ya que no se reconocen como patrones.

 

COPARMEX y sus voceros sostienen que “tras la crisis provocada por el COVID-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización…” y que, por lo tanto, “debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado”. Para ellos, los sindicatos, la negociación bilateral, los contratos colectivos, las leyes y los derechos de los trabajadores entorpecen el funcionamiento de las empresas y la creación de empleos. Ahora, como en otras ocasiones, la COPARMEX y sus voceros quieren resolver la crisis a costa de los trabajadores. La iniciativa propuesta por el gobierno no apunta en esa dirección. Esas es la verdadera razón de sus enojos.

 

saulescobar.blogspot.com