A través de redes sociales se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública hirieron a 2 normalistas con armas de fuego.
México.- Un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en la carretera Zacapu-Carapan dejó 49 estudiantes de la Escuela Normal Rural Índigena de Cherán detenidos y la recuperación de 2 autobuses de pasajeros que fueron apropiados por los estudiantes. Extraoficialmente se denunciaron heridos de bala durante el enfrentamiento entre normalistas y autoridades.
Información difundida detalló que normalistas bloquearon la carretera mencionada, en la desviación rumbo a Purépero. Ahí, llegaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales, que inició un enfrentamiento con los estudiantes. En el sitio se encontraron un autobús y una camioneta en llamas.
Los elementos detuvieron a 49 estudiantes y recuperaron las unidades, pero se informó a través de Twitter que hirieron de bala a algunos de los manifestantes.
La mayoría de los detenidos son de género femenino. Bomberos de Zacapú y Purépeto sofocaron las llamas. Con información de La Voz de Michoacán
lunes, 26 de septiembre de 2016
Cronología: A dos años de la desaparición de los 43 normalistas
Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue plagado de dudas y de denuncias de inconsistencias en la investigación, lo que aviva la exigencia de los padres de los jóvenes de lograr justicia y verdad.
A continuación, la cronología de los hechos más significativos del caso por el que hay más de 120 detenidos: 2014 26 de septiembre: Policías corruptos atacan a tiros a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. El saldo: seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. 28 de septiembre: Arrestan a 22 policías de Iguala por su presunta responsabilidad en el ataque y posterior desaparición. 30 septiembre: Se fuga el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.4 de octubre: La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) asume la investigación. 17 de octubre: Detienen al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien presuntamente ordenó la desaparición de los jóvenes. 22 de octubre: La PGR asegura que el alcalde prófugo y su esposa fueron los autores intelectuales de la represión. 23 de octubre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renuncia por la crisis generada por el caso. 29 de octubre: El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con los padres de las víctimas, a quienes promete intensificar la búsqueda.
iguiendo a Funsalud,en sus primeros tres años, Peña ofreció universalizar, degradando el derecho a la salud. En los tres finales, con el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pretende hacerlo con acotadospaquetes de intervenciones: de carencias sectoriales, precisamente lo contrario de lo que exige la ciudadanía, mejores servicios y ampliación del catálogo de beneficios a su altura ciudadana del siglo XXI; sin suficiencia de personal sanitario motivado y medios para brindar la atención, y con más trabajo sobre los presionados equipos de salud.
En abril 2015, Peña ya se había ocupado de la salud universalprogramática: formas a través de reformas, a través de políticas, a través de programas o ruta parauniversalizar, de facto, sin cambio legal, ciertamente no clandestina, pero donde todo se vale, frente a su frustrado proyecto original. Es el caso del Convenio Marco IMSS-Issste-Ssa-Baja California Sur, que homologa y habilita el intercambio de 819 servicios; del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas (2012), y del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios Ssa-IMSS-Issste (2011). Como observara Lerdo, entonces director del Issste, la dilación en la prestación es queja recurrente. No hay justificación. Es inhumano que se le diga al paciente que vuelva en cinco meses. Si en la clínica que le toca no se puede, hay mil 300 unidades médicas en el país. Estaba claro: hacer más con menos.
Después aparecieron losintercambios de servicios de González Anaya, entonces director del IMSS: el Convenio IMSS-Chihuahua para que usuarios de ese instituto se atiendan en instituciones estatales,intercambiando servicios de cirugía, radioterapia y tratamientos de enfermedades graves, mientras el DIF estatal asumiría la rehabilitación integral. Los del Issste, de los que Victoria Ranfla, titular del Sntissste, comunicaba haber propuesto a la administración realizar inventarios para que se pudiera entrar al esquema de intercambio de servicios con otras instituciones. Por otra parte, en el Seguro Popular, Javier Lozano –director de servicios de salud– destacaba que la nueva estrategia de intercambio de servicios es un logro, un camino hacia la universalización, porque esto nos abre las puertas hacia el IMSS y el Issste, éste es uno de los proyectos más relevantes de esta administración. Con tabuladores especiales, agregó, los estados canalizarán a los institutos y hospitales de alta especialidad los recursos que les otorga el gobierno federal.
Tocó luego turno a Manuel Vallejo –diputado priísta y responsable del Sntss– para establecer launiversalidad por cooperaciónentre instituciones, cuyo fin esunificar listados de derechohabientes para economizarservicios y evitar duplicidad. El SNTSS busca trabajar en coordinación con otras institucionessólo para mejorar la calidad pudiendo darse coordinación con instituciones públicas y privadas. Esacooperación será unificada a partir de un único expediente electrónico, además de que las contrarreferenciasserán el medio por el cual una Institución solicita a otra, algúnservicio de cooperación.
Después de las reformassanitarias IMSS-Issste y de las comprometidas descentralizaciones de los años 80 (Soberón), 90 (De la Fuente-Narro, recurriendo entonces, igual que ahora, a un Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (25/9/96), encima del cual los panistas montaron el Seguro Popular, el Sistema Nacional de Salud devino en una cuasi institucionalidad fáctica, portadora de una racionalidad burocrática-inercial. Tanto así, que el propio Peña optó por recentralizar los recursos del Seguro Popular hundiendo así el anhelo federalista.
Ahora, al firmar el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, se acordaron inicialmente 14 intervenciones acotadas –inversamente proporcionales a las necesidades reales– que podrán ser atendidasindistintamente por IMSS-Issste-Ssa, Baja California Sur, estado de México y Oaxaca. La expectativa, a decir del doctor Narro, es quepróximamente se adhieran –vía convenios específicos– el resto de gobernadores, titulares estatales y delegados del IMSS-Issste, como sedescentralizó en los años 90. La primera fase deberá concluir con el primer semestre 2016.
Este contexto de cooperación constituye el primer gran paso para que un paciente tenga acceso a los servicios que requiere, independientemente de la institución a la que pertenezca. En él destaca: universalidad, portabilidad, nueva forma de coordinación, prestadores de servicios, transversalidad, derechos humanos, uso ordenado de los recursos financieros, óptimo desempeño de los recursos humanos y acceso efectivo.
El acuerdo emergente intenta, según el doctor Narro valorar las condiciones técnicas y presupuestales de todos los organismos públicos que integran el sistema de salud para echar a andar la portabilidad, es decir:universalizar las carencias portables de una red históricamente desfinanciada con la meta explícita de firmar convenios, como en los 90. No tengo duda, agrega Narro, de que con los intercambios de servicios, con el diagnóstico de las necesidades y el conocimiento de la capacidad instalada, podemos sentar las bases para alcanzar un sistema público más vigoroso y avanzar en la accesibilidad”.
El presidente electo en 2018, ¿tendrá que volver a empezar de cero o dedicará el entero sexenio a seguir sumando cansinamente intervencionesuniversalizadas en el mismo contexto de carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud?
Sin embargo, frente a los brutales recortes, el 19 de septiembre, el doctor Narro declaró: El presupuesto está en manos de los legisladores. Si la pregunta es si voy a emprender alguna acción en la Cámara, no, no me toca. ¿Entonces a quién, doctor?
ómo pudo suceder? Esa preguntame sigue atormentando. No hay causa alguna capaz de justificar semejante crimen de Estado. Ni el odio albergado por un presidente municipal y su señora, ni una orden policial acompañada de retazos políticos o una acción de castigo contra los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo nos hace pensar que fue una decisión política, fríamente calculada, por quienes tenían la obligación de proteger y garantizar el derecho de protesta y manifestación. Y lo más deleznable, encubierto mediante la mentira, buscando distraer la atención hacia una reyerta entre bandas narcotraficantes, donde los estudiantes fueron las víctimas de una acción ejemplarizante. Así, los futuros maestros se trasformarían en potenciales delincuentes, y los hechos se inscribirían en la trágica lista de ajuste de cuentas al interior del crimen organizado y el narcotráfico.
El escenario descrito responde al más puro estilo de la dictadura pinochetista. Asalto a los autobuses que trasportaban a los estudiantes, despliegue militar, asesinato, desaparición forzada de los cuerpos y un relato encubridor capaz de exonerar al poder político municipal, estatal y federal. Es el pacto de impunidad de un narcoestado que libera a los responsables, asumiendo el relato conocido como la verdad histórica, urdida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La invención de una trama con sicarios a sueldo de narcotraficantes que mataron, incineraron e hicieron desaparecer los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. A este relato se sumará la verdad jurídica, que en estos dos años se ha urdido, con el fin de cerrar el caso. Los culpables están entre rejas; no hay más que hablar. Caso cerrado. Para dar credibilidad a tal falacia se procedió a detener, al mejor estilo hollywoodense, al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su señora. De esta manera, los responsables estaban entre rejas.
Posteriormente, los hechos resultaron obstinados. Para paliar el déficit argumental, un chivo expiatorio, la destitución de Murillo Karam, seguido de las declaraciones del presidente Peña Nieto, subrayando la apertura de investigaciones para aclarar definitivamente los hechos. Toda una parafernalia destinada a crear una cortina de humo, en la cual la investigación se perdiera por vericuetos, dejando sin aclarar la acción militar, la presencia de las fuerzas armadas, el bloqueo de las comunicaciones y el conocimiento fehaciente de las instituciones uniformadas del ataque a los estudiantes, sin olvidar, la manipulación de las pruebas. Y para cerrar el círculo, una campaña mediática, tanto interna como internacional, destinada a solventar el discurso oficial. En este contexto se financia y estrena la producción cinematográfica La noche de Iguala,dirigida por Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla.
La campaña de desprestigio, criminalización de los estudiantes y manipulación es completa. El argumento reafirma la versión oficial: un acto entre bandas rivales. Los Rojos, al cual pertenecería el entonces director de la escuela, y Guerreros Unidos, los justicieros. Sin más que agregar, el problema está resuelto. Sin embargo, todos los estudios realizados por comisiones independientes y organizaciones de derechos humanos van en sentido contrario. Así, el informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales ha desmontado cada una de las afirmaciones, así como la versión oficial mantenida por las autoridades judiciales y políticas. La respuesta, ante tanta osadía, no ha sido, curiosamente, cambiar la dirección de las investigaciones, desechar la verdad histórica y judicial. La actitud del poder político ha sido desautorizar, ridiculizar y poner en duda los resultados de los expertos independientes. No sólo los insulta, se deja entrever que sus miembros han sido influidos por un estado de ánimo proclive a la versión de los padres, contaminando sus análisis. Tal actitud demuestra la complicidad y el nulo interés por esclarecer los hechos.
México se ha transformado en un Estado sin derecho. Hoy por hoy, el acceso a la verdad se encuentra clausurado. Es necesario reivindicar la justicia. Si la ley es igual para todos, es necesario que el Poder Judicial actúe en consecuencia; no puede seguir encubriendo a los responsables. Los familiares de los estudiantes y sus compañeros han sido invisibilizados y las víctimas, los 43 estudiantes, desaparecidos. A todos ellos, se les ha ninguneado y maltratado. La vergüenza acompaña a la sociedad política mexicana, cómplice de los hechos.
Hay que seguir demandando responsabilidades caiga quien caiga, saber cómo se produjeron los hechos. Si el gobierno mira hacia otro lado, los partidos políticos se inhiben, pasan página; Ayotzinapa forma parte de la historia de la infamia. Semejante crimen de Estado no puede quedar impune, y no hay garantías de que así sea. Como señala en su reciente visita el relator del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, el grupo de Naciones Unidas pretende respaldar a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y las de otros heridos o que perdieron la vida en sus esfuerzos. Estamos en la búsqueda de los cuatro pilares de los derechos humanos (...) que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Entrega Aurelio Nuño 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo a empresas financieras.
Como parte del programa ESCUELAS AL CIEN anunciado desde finales del año 2015, en el que además de otorgar los recursos económicos públicos al sector empresarial, la secretaria de educación pública se desentiende de la administración de los recursos utilizados para la mejora de la infraestructura de los planteles de educación básica.
El programa que en esencia formula la entrega de la escuela pública a la inversión privada, con el llamado Convenio de Colaboración y Coordinación para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el que los gobiernos estatales al firmarlo, autorizan al gobierno federal la entrega de recursos económicos al Fondo de Aportaciones Múltiples. para ser utilizado en la infraestructura educativa. Dinero que debería ser administrado por las áreas públicas correspondientes de cada una de las entidades y que como resultado de la firma del convenio ahora será administrado y fiscalizado por instituciones privadas.
El convenio es un fideicomiso diseñado por empresarios de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, aprobado y administrado del mismo modo por empresarios del Banco Invex institución financiera en la que tienen acciones los empresarios pertenecientes a Mexicanos Primero, “curiosamente” los principales interesados en que la reforma educativa y los programas de Nuño avancen.
En síntesis ESCUELAS AL CIEN es la transferencia de recursos públicos al sector empresarial para que ellos lo administren. Los estados hipotecan sus recursos por 25 años a favor de Banco Invex. Y los cómplices de que se fragüe este atentado a la educación pública, son los maestros y padres de familia que se integran en los llamados Consejos de Participación Social, quienes se prestan a gestionar avalar y obtener el “beneficio” de la responsabilidad de la gestión escolar, infraestructura y mantenimiento, cabe resaltar que este tercer paso del programa es ya sin aportación de recursos de ningún tipo de instituciones públicas o privadas, son los mismos integrantes de los consejos de participación los que se hacen cargo del mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y áreas con las que cuente la escuela. El argumento del gobierno para que los padres de familia absorban estos gastos es: que son gastos menores y susceptibles de cubrir por la comunidad.
Lo anterior nos deja claro una cosa, el presupuesto no es participativo, la deuda y el cuidado de las áreas renovadas, ese si requiere la ¡participación altruista! de todos los miembros de la comunidad. El presupuesto es definido unilateralmente por el Instituto Nacional de la Infraestructura educativa (INFED) quien puede celebrar acuerdos con organizaciones civiles, fundaciones, patronatos e instituciones educativas privadas. Se promueve la intervención de distintas organizaciones, muchas de ellas ajenas a la educación y con intereses lucrativos.
El nuevo programa “ESCUELAS AL CIEN” sólo beneficiara al 21% de los planteles de educación primaria y secundaria durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Lógicamente las escuelas que se hagan acreedoras a dicho “beneficio” serán las más representativas y visibles, que le permitan al gobierno del PRI el proselitismo electoral y la compra de adeptos como parte de la campaña rumbo al proceso de elección presidencial de 2018 y los procesos locales y estatales intermedios.
¿Pero qué significa (CIEN)? Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. Mismos que son emitidos como anteriormente lo decíamos por Invex Bancos, quienes inciden sobre los recursos públicos sin invertir ni un solo peso y que además reclaman los intereses del monto de los certificados que se les otorguen a 25 años y en algunos casos se exige el resguardo de los documentos originales de propiedad de las escuelas intencionadamente, para que a futuro al no cumplirse algunas de las cláusulas del convenio general poder quedarse con la propiedad de los espacios educativos y hacer de ellos lo que se les plazca.
El programa modelo de los neoliberales ESCUELAS AL CIEN es un instrumento político: privatizador, vertical, unilateral, desconsiderado, endeudador, antiguo, antidemocrático y desviador de los recursos populares. Y nos declaramos en contra de esta y otras medidas que van en deterioro y por el aniquilamiento de la educación pública y gratuita y que el gobierno de Peña y Nuño en contubernio con los líderes charros del SNTE encabezado por el ilegitimo Juan Díaz de la Torre se han empecinado en imponer al pueblo de México.
Bloqueos en Guerrero, Michoacán y Tabasco contra reforma educativa
Por Sergio Ocampo, Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsales
vie, 01 jul 2016 12:05
Docentes bloquean con trailers el paso en la Autopista del Sol México-Acapulco. Foto Sergio Ocampo
Perspectiva del bloqueo en la autopista del Sol, México-Acapulco. Foto Sergio Ocampo
Diversas movilizaciones se llevan a cabo en los estados de Guerrero y Michoacán como parte de las acciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en rechazo a la reforma educativa. Guerrero A partir de las 11 de la mañana contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), y padres de familia iniciaron tres bloqueos carreteros en rechazo a al reforma educativa.
Los bloqueos se llevan a cabo en dos puntos de la autopista del Sol México-Acapulco, uno hacia la salida al puerto y el otro hacia la ciudad de México, en el municipio de Leonardo Bravo.
El tercer bloqueo se realiza a la salida de la carretera que va de Tuxtla a Chilapa hasta el momento no se reportan incidentes.
Michoacán
Docentes bloquearon varias carreteras y tomaron casetas de peaje en Zitácuaro, Zinapécuaro, Gabriel Zamora, Tareta y Zirahúen.
Además protestan por la entrega de cheques a maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el descuento a maestros disidentes por días no laborados.
En las casetas de peaje los maestros impiden el paso de vehículos de empresas privadas; cada 15 minutos de manera intermitente permiten el paso gratuito de vehículos particulares, ambulancias y autobuses.
En tanto, en la comunidad indígena de Cherán, normalistas y habitantes realizan una marcha y un bloqueo en las salidas a Nahuatzen y Paracho, para apoyar a los maestros disidentes. Hay reportes de bloqueos en otras carreteras de la entidad como en Huetamo, Aquila y Uruapan.
Tabasco
Informes del gobierno del estado, indican que se llevan a cabo cierres en la vía Villahermosa-Macuspana en el kilómetro 36, a la altura de la entrada hacia Ciudad Pemex.
El segundo bloqueo se registró en la carretera estatal hacia la villa Vicente Guerrero, en el municipio de Centla, así como se mantiene vía federal Villahermosa-Frontera por la comunidad Santa Cruz.
Estas movilizaciones son parte del acuerdo que tomó la CNTE a nivel nacional de intensificar los bloqueos durante 72 horas a partir del 29 de junio pasado
Condena la CNTE próxima acción federal contra sus bloqueos
Por Laura Poy Solano
vie, 01 jul 2016 16:21
Dirigentes de la CNTE a su llegada a Gobernación, donde entablaron diálogo con Osorio Chong, el 27 de junio. Foto Jair Cabrera
Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condenó la determinación del gobierno federal de iniciar acciones para liberar las carreteras bloqueadas por docentes inconformes, y aseguró que de recurrir al uso de la fuerza pública “sólo logrará reaviviar el conflicto”.
En entrevista con La Jornada, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) señalaron que el magisterio disidente mantendrán las movilizaciones previstas en todo el país. “El gobierno se sigue equivocando si piensa que por la fuerza va derrotar una demanda legítima no sólo de los maestros, sino de muchos sectores sociales que van desde intelectuales hasta el propio clero”.
Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9; y Francisco Bravo, de la dirección política de la CNTE, destacaron que las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Á. Osorio Chong, de que en breve se tomarán las decisiones para liberar vías estratégicas en Chiapas y Oaxaca, es parte de una “estrategia totalmente armada. Primero difundieron en los medios de comunicación que había desabasto en la población, que casi se morían de hambre, situación que hemos desmentido, pero se trata de una fabricación para legitimar el uso de la fuerza”.
Aseguraron que la demanda de la CNTE para un diálogo se mantiene, pero advirtieron que el gobierno federal “debe comprometerse realmente a que sea un espacio resolutivo. Los dos encuentros quedaron en mesas platicadoras que no tienen sustancia. Hasta el momento no han mostrado una verdadera sensibilidad para escucharnos. Se mantienen en su postura de no, no, no a la revisión de la reforma educativa, y eso no es un diálogo”.
Luis Hernández Navarro La Jornada 24 jun 2016 17:34
Pablo Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33. Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron un retén carretero.
En su homilía –narró Ixtel Welt–, el sacerdote García Cruz explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo, que es sagrado. Los maestros –dijo– ya quisieran estar en la escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.
El presbítero hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores, no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?
La policía –advirtió el presbítero– debe considerar que no está enfrentando a una bola de gente que no sabe lo que hace, sino a gente preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica. “Es –dijo– gente que piensa”.
Los asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el gobierno, pidieron por su liberación.
El padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la comunidad de Santa María Huamelula, en la costa oaxaqueña, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los maestros. Existe –explicó– mucha molestia por los bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero si no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas. Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a privilegiar el diálogo y evitar la represión (http://goo.gl/IO7rpP).
La solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y las barricadas que han brotado como hongos.
Esos bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la asamblea estatal de la sección 22, máximo órgano de dirección del movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía regional por el tañido de las campanas de las iglesias y la estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales responsables de la represión.
Los funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual. Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó. Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a dialogar.
Pero en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio. El sábado 18 de junio policías se concentraron para tratar de desalojar los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. No tuvieron mucho éxito. En ciudades como Salina Cruz se dio una verdadera batalla campal de más de cuatro horas de duración. Tan pronto como las policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a instalarla.
Un día después, la violencia gubernamental aumentó. A las 8.30 de la mañana del domingo, día de plaza, la Policía Federal lanzó una salvaje ofensiva en Nochixtlán. Allí estaban concentrados más de 2 mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán, Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender. Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres, la multitud cercó a los policías. Éstos respondieron lanzando más gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes. La orden que recibieron –según cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel– fue: tiren a matar. La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados ocho maestros, estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.
Dar la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños comerciantes y marchantes respondieron solidarizándose con los agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia y torpeza. Su respuesta a la ira popular fue criminal.
Otros desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en Viguera. Al igual que en Nochixtlán, el helicóptero lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue asesinado.
No hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio Nuño hacia los maestros oaxaqueños iba a precipitar una crisis como la que se vive. Basta conocer mínimamente la historia del movimiento magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.
¿Por qué afirmó la Comisión Nacional de Seguridad en su boletín del domingo 19 de junio que los elementos de la Policía Federal enviados a desalojar el bloqueo de Nochixtlán “no se encuentran armados ni portan tolete”?
¿Por qué dijo el gobiero que las fotos y los videos de la acción en la que se puede ver a policías armados y disparando “no correspondían” a ésta? ¿Por qué guardó silencio una vez que las agencias Ap y Xinhua divulgaron los metadatos de las cámaras, que validan que las gráficas fueron tomadas en el lugar y a la hora de los hechos?
¿Por qué, horas más tarde, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Cevallos, afirmó que los efectivos gubernamentales habían sido víctimas de una “emboscada” con armas de fuego?
¿Cuáles fueron los “grupos radicalizados” que supuestamente atacaron a balazos a las fuerzas del orden?
¿Por qué dijo que los policías federales no portaban armas de fuego y que sí iban armados, en cambio, los miembros de la Gendarmería Nacional supuestamente enviados a algo así como una acción de rescate?
¿Por qué las fotos –que sí son auténticas– muestran tanto a policías federales como a miembros de la Gendarmería (los uniformes son distintos) accionando armas de fuego?
¿Por qué hasta ahora no hay una sola foto en la que aparezcan lugareños o maestros armados con “cuernos de chivo”, como lo sostuvieron las versiones oficiales?
¿Por qué hay videos en los que se muestra a manifestantes tirándose al suelo al escuchar las detonaciones, pero no a policías parapetándose y cubriéndose de fuego enemigo?
¿Por qué aparecen policías descubiertos y platicando, mientras a unos metros de ellos sus pares disparan, parapetados en la vulcanizadora?
¿Qué características tienen los “cohetones de muy alto poder” con los que fueron atacados los policías, según el jefe de la Policía Federal?
¿Por qué a cuatro días de los hechos el gobierno no ha exhibido los helicópteros que supuestamente recibieron disparos de los maestros y pobladores?
¿Por qué no se ha informado de las lesiones “de disparos” que supuestamente sufrieron “varios policías”? ¿Cuántos? ¿De qué gravedad?
¿Por qué insisten las autoridades en afirmar que entre los muertos no hay ni un solo maestro?
¿Por qué irrumpieron los policías en un entierro para llevarse detenidos a 19 participantes y presentarlos como responsables de la “agresión” sufrida por los efectivos oficiales en Nochixtlán? ¿Por qué, sino hubo “detenciones al azar”, como dijo Galindo Cevallos, todos los capturados en esas circunstancias fueron puestos en libertad 48 horas después de las detenciones? ¿Quién las ordenó? ¿Por qué los detenidos fueron transportados como reses muertas en un camión? ¿Cumple esa clase de traslados con los protocolos de trato a los detenidos y con los derechos humanos?
¿Existió algo así como un mando unico y un C4 en el operativo de desalojo de la carretera? ¿Cómo actuó? ¿Dónde están los registros de sus comunicaciones?
¿Es cierto que la Federación actuó “a solicitud del gobernador Gabino Cué” para impedir que se siguiera lesionando la industria turística y el presunto desabasto de víveres causado por los bloqueos? ¿Por qué el secretario de Desarrollo Social insistió en ese punto? ¿Por qué el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desmintió que haya desabasto? ¿Quién miente? ¿Por qué Galindo Cevallos dio como motivo de la acción policial la neccesidad de reabrir el paso a la refinería? Si esa fue una reazón real, ¿por qué la Federación no actuó antes de que el gobernador oaxaqueño pidiera la intervención?
¿Por qué, en todo caso, si esos eran los propósitos del desalojo en Nochixtlán, la Policía Federal avanzó también sobre la ciudad de Oaxaca? ¿Por qué hubo allí también disparos de los efectivos policiales en contra de civiles?
¿Cumplió la incursión policial sus presuntos objetivos o no? ¿Se suprimieron los bloqueos?
¿Quién asesinó al periodista Elidio Ramos Zárate en la capital oaxaqueña? ¿Con qué base los comentaristas adictos al gobierno dan por sentado que los asesinos fueron “la CNTE o sus aliados”?
Docentes de la UAZ e integrantes de la Asamblea Popular Zacatecas convocaron a una concentración en apoyo a los maestros de Nochixtlán en el callejón de La Palma del Centro Histórico de Zacatecas, propuesta a modo de conversatorio y para ofrecer información y concretar un plan de acción ■ foto: ernesto moreno
■ “Aberrantes” la orden y la obediencia de disparar a los maestros: disidencia Sección 58
■ Lejos de apagar movilizaciones, docentes saldrán “con mayor contundencia” en todos los estados
“Toda la noche nos la pasamos en esa incertidumbre, clamando porque las cosas no pasaran a mayores. Ya estaban posados los ojos de todos los mexicanos en Oaxaca…”, dijo Marcelino Rodarte, líder magisterial disidente de la Sección 58 del SNTE.
Entrevistado la mañana de ayer, dijo que la información al momento y obtenida con sus enlaces en aquella entidad ofrecía el saldo de ocho muertos y 50 heridos.
El docente repudió y calificó de “aberrantes” la orden y la obediencia de disparar a los maestros y población que el pasado domingo se manifestaban en Nochixtlán y otros municipios de Oaxaca, contra la Reforma Educativa.
Lo que ocurrió en el estado sureño, dijo, “es una afrenta para todo el pueblo de México”, que lejos de apagar las movilizaciones pacíficas de los maestros los harán salir “con mayor contundencia” en todos los estados, ahora clamando además de diálogo, por la exigencia de justicia.
“Alguien tiene que ser llamado a comparecer por los asesinatos y tendrá que ser el Gobierno Federal, el secretario de Educación y el propio gobernador de Oaxaca”.
En Zacatecas ayer por la tarde el magisterio citó a reunión para analizar las
acciones a realizar en el estado, entre ellas, una ya prevista, el respaldo mediante una comisión que acudiría “hasta Oaxaca para demostrar solidaridad y apoyo directo a los compañeros que lo requieren” y la exigencia de que salgan las fuerzas policiacas de aquella entidad.
Localmente el movimiento magisterial recibió el apoyo del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), el Movimiento Social M 29, y de estudiantes de las normales rurales de Zacatecas y Chihuahua.
En diferentes escuelas se expresó la solidaridad asimismo con listones de luto y mensajes en cartulinas, comentó.
“Esta provocación a la violencia tiene que verse con mesura por parte del pueblo. El magisterio ha demostrado que estamos pidiendo simplemente el diálogo, que se busquen acuerdos para una reforma que no se va a poder aplicar, que ya están matando ellos mismos flagrantemente con lo que hicieron con nuestros hermanos en Oaxaca”, dijo.
Convocan a informarse y solidarizarse
con el pueblo y magisterio
Ayer por la tarde también fue convocada por docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas e integrantes de la Asamblea Popular Zacatecas una concentración en apoyo a los maestros y maestras de Nochixtlán en el callejón de La Palma del Centro Histórico de Zacatecas, propuesta a modo de conversatorio y para ofrecer información y concretar un plan de acción.
Del ejercicio colectivo surgieron una manifestación que se realizó en Portal de Rosales mediante pancartas y consignas, así como una serie de acuerdos, entre ellos, la exigencia del cese a la represión policiaca y criminalización de la protesta social y la salida de “de los aparatos represivos del Estado de Oaxaca”.
También la liberación de los presos políticos y la derogación de la Reforma Educativa y las otras reformas estructurales que se han concretado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los participantes y firmantes del pronunciamiento exigieron asimismo juicio político para el Presidente de la República y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y castigo a los asesinos intelectuales y materiales de los maestros y demás ciudadanos en Oaxaca y de igual forma, la intervención urgente en el asunto de los organismos nacionales e internacional de defensa de derechos humanos.
Convocaron a participar este 21 de junio en la concentración convocada desde las 11 horas por el Sindicato de Personal Académico de la UAZ (Spauaz) en Portal de Rosales, e informaron de un paro a realizarse en al Campus Siglo 21 de la Máxima Casa de Estudios en el estado, en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Rectoría el próximo 22 de junio desde las 7 y hasta las 18 horas, en solidaridad ahora con los trabajadores y estudiantes de Medicina, ante la “inminente imposición de la Reforma de Salud”.
Asimismo citaron a la marcha que el Spauaz y otras organizaciones sociales realizarán el próximo jueves a las 10 horas, que tendrá su salida en la Unidad Académica de Ingeniería.
Entre otros participantes en la organización de estas acciones contra “la brutalidad y demás métodos represivos utilizados por la Policía Federal hacia los maestros y población” de Oaxaca, se integraron los colectivos #VivasNosQueremos, Menos Paz y Más Revueltas, La Comuna de la Juventud Comunista, la Coalición de Jubilados “Elpidio Domínguez”, AC, el Movimiento Social Mayo 29, Jubilados Spauaz, la Asociación Civil “El Pariente”, la Unorca, y universitarios de las unidades académicas de Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencia Política y Letras.
Asimismo se integraron MIHE, la Cooperativa Los de Abajo, La Asamblea Popular Zacatecas y el Sindicato de Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras organizaciones y voluntades individuales ciudadanas.
Maestros de la CNTE marcharon hoy desde su plantón en la Ciudadela a Televisa Chapultepec. Foto Jair Cabrera
Ciudad de México. La Comisión Nacional de Seguridad ordenó este lunes a la Unidad de Asuntos Internos y a la Inspectoría General de la dependencia iniciar una investigación con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, actuar en consecuencia contra cualquier policía federal que haya violado los protocolos de actuación en el enfrentamiento con maestros en Oaxaca.
“ Se recabarán todos los elementos que sean necesarios para esclarecer estos acontecimientos. La Comisión Nacional de Seguridad reprueba cualquier conducta alejada de la observancia de la ley, así como de los protocolos de actuación, asimismo está en la mejor disposición de atender y ofrecer la mayor información al dar puntual seguimiento a la investigación”, dijo la CNS.
Policías federales se enfrentaron ayer con maestros disidentes que bloquearon la autopista Oaxaca-Puebla y la carretera federal 190, en el Municipio de Asunción Nochixtlán, lo que dejó como resultado al menos seis muertos y 94 heridos.
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![Con motivo de la conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un contingente de estudiantes, campesinos y organizaciones civiles iniciaron una marcha en la CDMX. Foto: Cristopher Rogel Blanquet/ EL UNIVERSAL]({"default":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBwFiVG.img?h=75&w=100&m=6&q=60&u=t&o=t&l=f"} "Con motivo de la conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un contingent... - Proporcionado por El Universal Compañía Periodística S.A. de C.V.")
![Marchas, dudas y denuncias por parte de los padres de los normalistas, han marcado la búsqueda de la verdad en lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos en Iguala.]({"default":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBwEiRb.img?h=373&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"} "Marchas, dudas y denuncias por parte de los padres de los normalistas, han marcado la búsqueda de la... - excelsior.com.mx")
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