sábado, 24 de septiembre de 2016

Preparan mexicanos movilizaciones a dos años de Ayotzinapa

De Tlaltelolco a Ayotzinapa, 47 años del 2 de octubre

Recortes en salud, ¿a quién le toca?

Recortes en salud, ¿a quién le toca?
Gustavo Leal F.
S
iguiendo a Funsalud, en sus primeros tres años, Peña ofreció universalizar, degradando el derecho a la salud. En los tres finales, con el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pretende hacerlo con acotadospaquetes de intervenciones: de carencias sectoriales, precisamente lo contrario de lo que exige la ciudadanía, mejores servicios y ampliación del catálogo de beneficios a su altura ciudadana del siglo XXI; sin suficiencia de personal sanitario motivado y medios para brindar la atención, y con más trabajo sobre los presionados equipos de salud.
En abril 2015, Peña ya se había ocupado de la salud universalprogramática: formas a través de reformas, a través de políticas, a través de programas o ruta parauniversalizarde facto, sin cambio legal, ciertamente no clandestina, pero donde todo se vale, frente a su frustrado proyecto original. Es el caso del Convenio Marco IMSS-Issste-Ssa-Baja California Sur, que homologa y habilita el intercambio de 819 servicios; del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas (2012), y del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios Ssa-IMSS-Issste (2011). Como observara Lerdo, entonces director del Issste, la dilación en la prestación es queja recurrente. No hay justificación. Es inhumano que se le diga al paciente que vuelva en cinco meses. Si en la clínica que le toca no se puede, hay mil 300 unidades médicas en el país. Estaba claro: hacer más con menos.
Después aparecieron losintercambios de servicios de González Anaya, entonces director del IMSS: el Convenio IMSS-Chihuahua para que usuarios de ese instituto se atiendan en instituciones estatales,intercambiando servicios de cirugía, radioterapia y tratamientos de enfermedades graves, mientras el DIF estatal asumiría la rehabilitación integral. Los del Issste, de los que Victoria Ranfla, titular del Sntissste, comunicaba haber propuesto a la administración realizar inventarios para que se pudiera entrar al esquema de intercambio de servicios con otras instituciones. Por otra parte, en el Seguro Popular, Javier Lozano –director de servicios de salud– destacaba que la nueva estrategia de intercambio de servicios es un logro, un camino hacia la universalización, porque esto nos abre las puertas hacia el IMSS y el Issste, éste es uno de los proyectos más relevantes de esta administración. Con tabuladores especiales, agregó, los estados canalizarán a los institutos y hospitales de alta especialidad los recursos que les otorga el gobierno federal.
Tocó luego turno a Manuel Vallejo –diputado priísta y responsable del Sntss– para establecer launiversalidad por cooperaciónentre instituciones, cuyo fin esunificar listados de derechohabientes para economizarservicios y evitar duplicidad. El SNTSS busca trabajar en coordinación con otras institucionessólo para mejorar la calidad pudiendo darse coordinación con instituciones públicas y privadas. Esacooperación será unificada a partir de un único expediente electrónico, además de que las contrarreferenciasserán el medio por el cual una Institución solicita a otra, algúnservicio de cooperación.
Después de las reformassanitarias IMSS-Issste y de las comprometidas descentralizaciones de los años 80 (Soberón), 90 (De la Fuente-Narro, recurriendo entonces, igual que ahora, a un Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (25/9/96), encima del cual los panistas montaron el Seguro Popular, el Sistema Nacional de Salud devino en una cuasi institucionalidad fáctica, portadora de una racionalidad burocrática-inercial. Tanto así, que el propio Peña optó por recentralizar los recursos del Seguro Popular hundiendo así el anhelo federalista.
Ahora, al firmar el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, se acordaron inicialmente 14 intervenciones acotadas –inversamente proporcionales a las necesidades reales– que podrán ser atendidasindistintamente por IMSS-Issste-Ssa, Baja California Sur, estado de México y Oaxaca. La expectativa, a decir del doctor Narro, es quepróximamente se adhieran –vía convenios específicos– el resto de gobernadores, titulares estatales y delegados del IMSS-Issste, como sedescentralizó en los años 90. La primera fase deberá concluir con el primer semestre 2016.
Este contexto de cooperación constituye el primer gran paso para que un paciente tenga acceso a los servicios que requiere, independientemente de la institución a la que pertenezca. En él destaca: universalidad, portabilidad, nueva forma de coordinación, prestadores de servicios, transversalidad, derechos humanos, uso ordenado de los recursos financieros, óptimo desempeño de los recursos humanos y acceso efectivo.
El acuerdo emergente intenta, según el doctor Narro valorar las condiciones técnicas y presupuestales de todos los organismos públicos que integran el sistema de salud para echar a andar la portabilidad, es decir:universalizar las carencias portables de una red históricamente desfinanciada con la meta explícita de firmar convenios, como en los 90. No tengo duda, agrega Narro, de que con los intercambios de servicios, con el diagnóstico de las necesidades y el conocimiento de la capacidad instalada, podemos sentar las bases para alcanzar un sistema público más vigoroso y avanzar en la accesibilidad”.
El presidente electo en 2018, ¿tendrá que volver a empezar de cero o dedicará el entero sexenio a seguir sumando cansinamente intervencionesuniversalizadas en el mismo contexto de carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud?
Sin embargo, frente a los brutales recortes, el 19 de septiembre, el doctor Narro declaró: El presupuesto está en manos de los legisladores. Si la pregunta es si voy a emprender alguna acción en la Cámara, no, no me toca. ¿Entonces a quién, doctor?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/24/opinion/015a2pol



A dos años de Ayotzinapa

A dos años de Ayotzinapa
Marcos Roitman Rosenmann
¿C
ómo pudo suceder? Esa pregunta me sigue atormentando. No hay causa alguna capaz de justificar semejante crimen de Estado. Ni el odio albergado por un presidente municipal y su señora, ni una orden policial acompañada de retazos políticos o una acción de castigo contra los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo nos hace pensar que fue una decisión política, fríamente calculada, por quienes tenían la obligación de proteger y garantizar el derecho de protesta y manifestación. Y lo más deleznable, encubierto mediante la mentira, buscando distraer la atención hacia una reyerta entre bandas narcotraficantes, donde los estudiantes fueron las víctimas de una acción ejemplarizante. Así, los futuros maestros se trasformarían en potenciales delincuentes, y los hechos se inscribirían en la trágica lista de ajuste de cuentas al interior del crimen organizado y el narcotráfico.
El escenario descrito responde al más puro estilo de la dictadura pinochetista. Asalto a los autobuses que trasportaban a los estudiantes, despliegue militar, asesinato, desaparición forzada de los cuerpos y un relato encubridor capaz de exonerar al poder político municipal, estatal y federal. Es el pacto de impunidad de un narcoestado que libera a los responsables, asumiendo el relato conocido como la verdad histórica, urdida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
La invención de una trama con sicarios a sueldo de narcotraficantes que mataron, incineraron e hicieron desaparecer los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. A este relato se sumará la verdad jurídica, que en estos dos años se ha urdido, con el fin de cerrar el caso. Los culpables están entre rejas; no hay más que hablar. Caso cerrado. Para dar credibilidad a tal falacia se procedió a detener, al mejor estilo hollywoodense, al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su señora. De esta manera, los responsables estaban entre rejas.
Posteriormente, los hechos resultaron obstinados. Para paliar el déficit argumental, un chivo expiatorio, la destitución de Murillo Karam, seguido de las declaraciones del presidente Peña Nieto, subrayando la apertura de investigaciones para aclarar definitivamente los hechos. Toda una parafernalia destinada a crear una cortina de humo, en la cual la investigación se perdiera por vericuetos, dejando sin aclarar la acción militar, la presencia de las fuerzas armadas, el bloqueo de las comunicaciones y el conocimiento fehaciente de las instituciones uniformadas del ataque a los estudiantes, sin olvidar, la manipulación de las pruebas. Y para cerrar el círculo, una campaña mediática, tanto interna como internacional, destinada a solventar el discurso oficial. En este contexto se financia y estrena la producción cinematográfica La noche de Iguala,dirigida por Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla.
La campaña de desprestigio, criminalización de los estudiantes y manipulación es completa. El argumento reafirma la versión oficial: un acto entre bandas rivales. Los Rojos, al cual pertenecería el entonces director de la escuela, y Guerreros Unidos, los justicieros. Sin más que agregar, el problema está resuelto. Sin embargo, todos los estudios realizados por comisiones independientes y organizaciones de derechos humanos van en sentido contrario. Así, el informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales ha desmontado cada una de las afirmaciones, así como la versión oficial mantenida por las autoridades judiciales y políticas. La respuesta, ante tanta osadía, no ha sido, curiosamente, cambiar la dirección de las investigaciones, desechar la verdad histórica y judicial. La actitud del poder político ha sido desautorizar, ridiculizar y poner en duda los resultados de los expertos independientes. No sólo los insulta, se deja entrever que sus miembros han sido influidos por un estado de ánimo proclive a la versión de los padres, contaminando sus análisis. Tal actitud demuestra la complicidad y el nulo interés por esclarecer los hechos.
México se ha transformado en un Estado sin derecho. Hoy por hoy, el acceso a la verdad se encuentra clausurado. Es necesario reivindicar la justicia. Si la ley es igual para todos, es necesario que el Poder Judicial actúe en consecuencia; no puede seguir encubriendo a los responsables. Los familiares de los estudiantes y sus compañeros han sido invisibilizados y las víctimas, los 43 estudiantes, desaparecidos. A todos ellos, se les ha ninguneado y maltratado. La vergüenza acompaña a la sociedad política mexicana, cómplice de los hechos.
Hay que seguir demandando responsabilidades caiga quien caiga, saber cómo se produjeron los hechos. Si el gobierno mira hacia otro lado, los partidos políticos se inhiben, pasan página; Ayotzinapa forma parte de la historia de la infamia. Semejante crimen de Estado no puede quedar impune, y no hay garantías de que así sea. Como señala en su reciente visita el relator del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, el grupo de Naciones Unidas pretende respaldar a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y las de otros heridos o que perdieron la vida en sus esfuerzos. Estamos en la búsqueda de los cuatro pilares de los derechos humanos (...) que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

martes, 16 de agosto de 2016

Entrega Aurelio Nuño presupuesto educativo a empresas financieras

Entrega Aurelio Nuño 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo a empresas financieras.

Como parte del programa ESCUELAS AL CIEN anunciado desde finales del año 2015, en el que además de otorgar los recursos económicos públicos al sector empresarial, la secretaria de educación pública se desentiende de la administración de los recursos utilizados para la mejora de la infraestructura de los planteles de educación básica.

El programa que en esencia formula la entrega de la escuela pública a la inversión privada, con el llamado Convenio de Colaboración y Coordinación para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el que los gobiernos estatales al firmarlo, autorizan al gobierno federal la entrega de recursos económicos al Fondo de Aportaciones Múltiples. para ser utilizado en la infraestructura educativa. Dinero que debería ser administrado por las áreas públicas correspondientes de cada una de las entidades y que como resultado de la firma del convenio ahora será administrado y fiscalizado por instituciones privadas.

El convenio es un fideicomiso diseñado por empresarios de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, aprobado y administrado del mismo modo por empresarios del Banco Invex institución financiera en la que tienen acciones los empresarios pertenecientes a Mexicanos Primero, “curiosamente” los principales interesados en que la reforma educativa y los programas de Nuño avancen. 

En síntesis ESCUELAS AL CIEN es la transferencia de recursos públicos al sector empresarial para que ellos lo administren. Los estados hipotecan sus recursos  por 25 años a favor de Banco Invex. Y los cómplices de que se fragüe este atentado a la educación pública, son los maestros y padres de familia que se integran en los llamados Consejos de Participación Social, quienes se prestan a gestionar avalar y obtener el “beneficio” de la responsabilidad de la gestión escolar, infraestructura y mantenimiento, cabe resaltar que este tercer paso del programa es ya sin aportación de recursos de ningún tipo de instituciones públicas o privadas, son los mismos integrantes de los consejos de participación los que se hacen cargo del mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y áreas con las que cuente la escuela. El argumento del gobierno para que los padres de familia absorban estos gastos es: que son gastos menores y susceptibles de cubrir por la comunidad.

Lo anterior nos deja claro una cosa, el presupuesto no es participativo, la deuda y el cuidado de las áreas renovadas, ese si requiere la ¡participación altruista! de todos los miembros de la comunidad. El presupuesto es definido unilateralmente por el Instituto Nacional de la Infraestructura educativa (INFED) quien puede celebrar acuerdos con organizaciones civiles, fundaciones, patronatos e instituciones educativas privadas. Se promueve la intervención de distintas organizaciones, muchas de ellas ajenas a la educación y con intereses lucrativos.

El nuevo programa “ESCUELAS AL CIEN” sólo beneficiara al 21% de los planteles de educación primaria y secundaria durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.  Lógicamente las escuelas que se hagan acreedoras a dicho “beneficio” serán las más representativas y visibles, que le permitan al gobierno del PRI el proselitismo electoral y la compra de adeptos como parte de la campaña rumbo al proceso de elección presidencial de 2018 y los procesos locales y estatales intermedios.

¿Pero qué significa (CIEN)? Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. Mismos que son emitidos como anteriormente lo decíamos por Invex Bancos, quienes inciden sobre los recursos públicos sin invertir ni un solo peso y que además reclaman los intereses del monto de los certificados que se les otorguen a 25 años y en algunos casos se exige el resguardo de los documentos originales de propiedad de las escuelas intencionadamente, para que a futuro al no cumplirse algunas de las cláusulas del convenio general poder quedarse con la propiedad de los espacios educativos y hacer de ellos lo que se les plazca.


El programa modelo de los neoliberales ESCUELAS  AL CIEN es un instrumento político: privatizador, vertical, unilateral, desconsiderado, endeudador, antiguo, antidemocrático y desviador de los recursos populares. Y nos declaramos en contra de esta y otras medidas que van en deterioro y por el aniquilamiento de la educación pública y gratuita y que el gobierno de Peña y Nuño en contubernio con los líderes charros del SNTE encabezado por el ilegitimo Juan Díaz de la Torre se han empecinado en imponer al pueblo de México.

sábado, 2 de julio de 2016

Bloqueos en Guerrero, Michoacán y Tabasco contra reforma educativa

Bloqueos en Guerrero, Michoacán y Tabasco contra reforma educativa
Por Sergio Ocampo, Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsales
vie, 01 jul 2016 12:05

Condena la CNTE próxima acción federal contra sus bloqueos

Condena la CNTE próxima acción federal contra sus bloqueos
Por Laura Poy Solano
vie, 01 jul 2016 16:21